Se trata de un proyecto clave para la remediación ambiental y la extensión de la vida útil de los yacimientos. De aprobarse, será pionera a nivel nacional. Además, el oficialismo intentará tratar sobre tablas la “Ley de Administración Financiera”, que busca transparentar la administración de las finanzas provinciales.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz buscará convertir en ley el cierre de minas, un proyecto clave para la remediación ambiental y la extensión de la vida útil de los yacimientos. De sancionarse, se convertirá en la primera legislación a nivel nacional en ese sentido.
Loa yacimientos mineros tienen principio y fin, eso se sabe desde antes de que se inicien los trabajos exploratorios. En Argentina, la Ley N° 24.585 de Protección Ambiental para la actividad se mencionan y contemplan las diferentes etapas que debe tener un proceso de cierre de mina en forma genérica, pero no se cuenta con una legislación específica y detallada de cierre de minas que indique los procedimientos adecuados que una empresa minera debe cumplir en materia ambiental y socioeconómica para completar la fase de cierre.
Por eso, Santa Cruz será la primera provincia en avanzar en una normativa de estas características.
El proyecto con modificaciones
ejecución de un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que deriven del desarrollo de la industria minera, en los lugares en que esta se realice, de forma de asegurar la estabilidad biológica, física y geoquímica de los mismos, de conformidad con la normativa ambiental aplicable.
La ejecución de dichas medidas y acciones “deberán proporcionar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente”, como así también “gestionar los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales vinculados al proceso de cierre de mina y garantizar -por parte de los productores mineros- la disponibilidad de recursos para afrontar los costos de las acciones de cierre y post cierre de acuerdo a esta ley”.
Entre otras consideraciones, resalta que se aplicará a todo titular de concesión de actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería, respecto de las actividades de exploración y explotación, que se encuentre en operación, que inicie operaciones mineras o las reinicie después de haberlas suspendido o paralizado antes de la vigencia de esta ley, o sean transferidas por cualquier título y no cuenten con un plan de cierre de minas aprobado por la Autoridad de Aplicación.
También asegura que se deberá contar con un plan de cierre debidamente aprobado por cada proyecto u operación o en ejecución.
En cuanto a la Autoridad de Aplicación, sostiene que será la Secretaría de Estado de Minería de la Provincia de Santa Cruz o la autoridad que en su futuro la reemplace, sin perjuicio de las facultades legales de otros órganos de la Administración del Estado dentro del ámbito de sus competencias.
Mientras que respecto a la presentación del plan de cierre de minas, “es una obligación exigible a todo titular de un proyecto minero o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería”.
Y asegura que el plan de cierre de minas será elaborado y presentado ante la Autoridad de Aplicación por el titular de la actividad o quien se encuentre a cargo del proyecto minero, por cuenta propia o por medio de consultores externos, incluyendo la justificación técnica acompañada de la documentación respaldatoria.
Administración financiera
El martes, en el marco de las distintas Comisiones de trabajo de la Legislatura Provincial, se despachó el Proyecto de Ley remitido en diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo Provincial, que buscará transparentar la administración de las finanzas provinciales, denominado “Ley de Administración Financiera”.
En ese marco, desde el Bloque del Frente de Todos, se señaló que diputados del Bloque Frente Nueva Santa Cruz, “que siempre abogan por la transparencia, dejaron en evidencia la ambigüedad de su discurso, al mostrar ausencias y abstenciones en el tratamiento de un proyecto que propone mejoras en la administración del gobierno, y que implica un salto de calidad institucional, brindando información, transparencia a la población, modernización y profesionalización de la gestión de los recursos públicos”.
En ese sentido, señalaron que “la oposición que siempre pide transparentar la gestión, se abstuvo esgrimiendo falta de tiempo, cuando en realidad el proyecto se encuentra desde diciembre de 2020 en Comisiones para que ambos bloques puedan evaluar y realizar los aportes que crean necesarios”, resaltaron.
Desde la bancada mayoritaria manifestaron que “la iniciativa que implica modernizar y profesionalizar la gestión de los recursos públicos, brindando información a la ciudadanía y transparencia a la gestión del Estado, parece no importarle a los diputados del Bloque Nueva Santa Cruz, quienes por la propia razón de ser oposición, terminan votando en contra de la sociedad”
La Opinión Austral
