La continuidad del mandato de Alicia Kirchner en Santa Cruz no hace más que confirmar que en la provincia hay un sistema político y judicial armado para perpetuar la impunidad de aquellos que hacen lo que quieren y son “bancados” por el “proyecto” hasta en los actos más polémicos y repudiables. En Santa Cruz, vale todo.
Impunidad se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas que quiere decir, literalmente, “sin castigo”.
Dicho esto, el año y cuatro meses que llevamos de la segunda gestión de Alicia Kirchner en Santa Cruz no hicieron más que confirmar que nada cambiará en una provincia que superó todos los límites pensados en materia de impunidad política.
Una serie de hechos muy marcados para la sociedad dejaron al descubierto que gobierna la provincia un sector político capaz de cualquier cosa a la hora de sostener a sus integrantes en el poder, aún en los casos más polémicos y repudiables que pueden suceder. En este caso, incluyendo hasta la vida misma de los habitantes de Santa Cruz.
Ni siquiera les importó que este sea un año electoral a la hora de sostener dentro del “armado político” a integrantes del kirchnerismo que se merecían terminar sin sus cargos y castigados por sus acciones. Pero el entramado político en Santa Cruz está hecho para que todo valga y el castigo no exista. Y vaya si lo aprovechan.
LAS VACUNAS VIP
Y sí. Por demás está decir que fue el escándalo del año a nivel nacional y también en Santa Cruz, donde todos los actores políticos y de las fuerzas policiales que se aprovecharon de su poder para vacunarse antes de tiempo tuvieron el apoyo del gobierno provincial y nacional para seguir en sus cargos como si nada pasara.
El mismísimo presidente Alberto Fernández indicó que “no hay delito por adelantarse en la fila”, en una declaración tan errónea como vergonzosa, dando pie a que por detrás todos los “vacunados vip” siguieran su vida política como si nada hubiera pasado.
Eso incluye al intendente de Piedra Buena, Federico Bodlovic; a su padre y diputado, José Ramón Bodlovic; al diputado nacional, Juan Vásquez; Federico Bodlovic Intendente Piedra Buena; Daniel Osvaldo Saiz, chófer de Federico Bodlovic; Elsa Manuela Chaparroti, madre del Intendente Piedra Buena; Bernardita Soledad Manucci Juez de Paz, esposa del intendente Federico Bodlovic; David Merlino Comisario Mayor, Director de la Zona Centro de la Policía; Cristian Ledesma Cabo Primero de la Policía de Santa Cruz; Hugo Eduardo Irrazabal Secretario de coordinación de la Municipalidad Piedra Buena; Mirtha Geraldina Godoy Empleada jefa de desarrollo social de la Municipalidad Piedra Buena; Cesar Alarcón Presidente del Consejo Deliberante de Piedra Buena; Mariano Caudullio Director del área de la Juventud; Noelia Castro Secretaria de Desarrollo Comunitario, Leticia Ramos Sub Jefa del CIC Kirchner; Daniela Pujadas Secretaria de Turismo y parte del COE Piedrabuena; Lorena Tripputi hija del director del hospital Mario Tripputti; Hector Ariel Vidal Intendente Gobernador Gregores yAndrea Cantín, Administrativa HRRG, entre otros.
Absolutamente todos ellos siguen en sus cargos y fue el más indignante acto de impunidad política, porque luego morirían vecinos en tres de las ciudades a las que ellos pertenecen y son vecinos a quienes ellos les robaron las vacunas. Por supuesto que no renunciaron y tampoco nadie les pidió la renuncia.
COMPRAS SIN CONTROL
Como si esto fuera poco, días atrás se confirmó que el gobierno de Santa Cruz realizó compras directas y sin licitación durante todo el año de pandemia.
Esto incluyó una denuncia de la vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, por sobreprecios en módulos alimentarios y elementos de limpieza por parte del gobierno de la provincia, algo que, por supuesto, nunca se investigó a pesar de haber comprado los alimentos y los elementos de limpieza a precios increíblemente más altos que lo normal.
Según publicaron colegas de “RUIDO – “Red contra el Silencio Oficial”, en la provincia, las compras vinculadas al Covid-19 se realizaron en su gran mayoría a partir de adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos amparados en el artículo 11 del decreto 273/20 que declaró el estado de Emergencia Sanitaria. La provincia no cuenta con portal on line de compras públicas.
En la respuesta al pedido de acceso a la información que lleva la firma del ministro de Salud, Claudio García, algunos datos no fueron incluidos por constituir “datos sensibles” y se ampararon en el decreto que reglamenta la ley provincial.
En el caso del alcohol etílico (96% de pureza), el Ministerio de Salud de Santa Cruz pagó 398 pesos por litro, el más caro del relevamiento (Expediente N° 977.726, donde figura la compra de 800 bidones de 5 litros por 1.990 pesos cada uno y fue realizada a partir de la resolución ministerial 925/20). Este caso llama la atención ya que lo mínimo que esta provincia pagó por el litro de ese alcohol fueron 340 pesos, en una compra realizada en el mismo expediente, y se trató de alcohol al 70%. Por este mismo alcohol, Entre Ríos llegó a obtenerlo a 30 pesos el litro.
COTILLO Y SU MUJER
Sí, otro que es “bancado a morir” por el gobierno a pesar de transitar por la gestión municipal más polémica de Santa Cruz.
El intendente Cotillo tiene una gestión impresentable y, como si eso fuera poco, su mujer apareció involucrada en pago de guardias “truchas”, cobrando más de 137 mil pesos por mes en guardias activas como nutricionista.
Desde el Gremio de la salud, “APROSA”, afirmaron que ninguna nutricionista hace guardias en ningún hospital de Santa Cruz, pero la mujer de Cotillo sí. Y lo peor es que la reacción del gobierno fue investigar y sumarias a quienes se presumió fueron quienes filtraron el recibo de la mujer del intendente, pero no investigaron el pago de guardias. Increíble.
Además, el propio intendente dijo que el pago de guardias a su mujer “es normal” y que lo grave es que hayan filtrado el recibo. Impunidad total bancada por el gobierno y medios oficialistas en Santa Cruz.
Son los mismos políticos y medios “K” que también salieron a bancar la golpiza policial a un comerciante que horas antes había publicado en su cuenta de Facebook el recibo de la mujer del intendente con críticas hacia lo sucedido. Muy grave.
CONTRA LOS ENFERMEROS
“De héroes a mercenarios”. Ese fue el paso que tuvieron los enfermeros sólo por reclamar el pago de guardias activas realizadas en tiempos de pandemia en Santa Cruz.
Por supuesto que el reclamo lleva más de un mes y nadie les pagó por lo trabajado, además de impulsar un nuevo convenio de trabajo en el cual tendrán que trabajar todavía más para ganar lo mismo.
En el medio del conflicto, el ministro de Salud, Claudio García, avanzó con su camioneta sobre mujeres manifestantes y nunca recibió a los trabajadores, arreglando avances en paritarias en gremios “comprados” como ATE Santa Cruz.
Luego, el mismo ministro de Salud comenzó con una insólita persecución, instalando cámaras en el hospital para controlar a los enfermeros y camilleros, además de comenzar a firmar sumarios para los señalados como referentes de los reclamos. Otro acto de total impunidad y falta de empatía política en Santa Cruz justo contra los que más se sacrificaron en tiempos de pandemia.
LA IN-JUSTICIA
La nota no puede cerrar sin recordar que todo lo que pasa en Santa Cruz no es casualidad, sino causalidad, en un sistema judicial totalmente armado en base al poder del kirchnerismo, donde todas las causas que perjudican al gobierno o alguno de sus integrantes terminan en un cajón o con fallo a su favor.
Es el mismo gobierno que también muestra un total desinterés por la inversión educativa y en salud pública, llevando a los santacruceños a un nivel de vida cada vez más triste y pobre. Y es la Santa Cruz que tenemos: la provincia de la impunidad.
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